CLADEM

Rossana Favero-Karunaratna

Sri Lanka.

http://www.cladem.org/espanol/novedades/Esas%20confrontaciones%20Evitables-Sri%20Lanka.asp

Durante tiempos de conflicto existe siempre el riesgo de confrontación entre el gobierno y la sociedad civil respecto de diferentes temas. Las áreas de debate pueden centrarse en la militarización extensa de la sociedad, asuntos concernientes a la seguridad-o inseguridad- humana y el acceso a la información.

Las disparidades de las experiencias entre los ciudadanos también son un hecho que surge y que muchas veces puede conllevar a la fragmentación de la sociedad. En ciertas áreas el conflicto se localiza mientras que en otras se vive con “menor intensidad”. El conflicto también puede emplear estrategias que se dirigen contra ciertos miembras de la sociedad civil debido a afiliaciones políticas, de género o características étnicas.

Como se aprecia, la sociedad civil y sus órganos de participación democrática se ven afectados en cuanto a lo que se considera esencial para la supervivencia de un pais: democracia y gobernabilidad con pleno respeto a los derechos humanos. Las organizaciones no-gubernamentales pueden verse atrapadas en un debate acerca de su composición, objetivos y entre otros aspectos, ser cuestionadas por la base misma de su formación como contribuyente o no al proceso de cohesión social exigiéndoles el respeto a las políticas estatales y a los intereses ligados a la seguridad del estado.

El conflicto armado en el Perú genero desconfianzas y sospechas a nivel individual y grupal. Personas, organizaciones fueron objeto de seguimiento, amenaza y en muchos casos se llego al exterminio ya sea a manos de las Fuerzas Armadas, Sendero Luminoso y el MRTA.

Pero no todo conflicto armado es igual. Existen semejanzas pero también diferencias que terminan por afectar en forma igualmente violenta a la población civil. El miedo, la falta de confianza, la imposibilidad de generar propuestas a largo plazo y la migración forzada se convierten en temas comunes que encierran dolor y demandas por alcanzar justicia.

El conflicto armado en sri Lanka ha entrado a un proceso de “guerra de menor intensidad” –low intensity war- que se contrapone a la situación formal de existencia de un acuerdo de cese al fuego que para todos ya no tiene validez alguna (excepto para los Monitores internacionales y para los separatistas del LTTE quienes contradictoriamente han iniciado una ola de ataques estratégicos hacia la población civil- especialmente musulmana del Este del país).

A esta situación se agrega la del asesinato de 17 miembros locales y extranjeros de una ONG Internacional (por primera vez), un tema que ha puesto en peligro la relación entre el gobierno y los monitores internacionales. Los monitores internacionales-liderados por Noruega- han prácticamente responsabilizado al gobierno de Sri Lanka por esta matanza que se encuentra en investigación.

El Gobierno ha negado toda responsabilidad y como parte de ello ha denominado expertos de Australia para iniciar una investigación de tipo forense a fin de identificar la modalidad y quienes estarían detrás del hecho.

Si bien en este caso no es claro que el gobierno haya tenido algo que ver recientemente se produjo la muerte de una persona a consecuencia de la tortura que le fuera infringida en prisión por haberlo considerado culpable de haber efectuado una llamada a uno de los colegios de la capital comunicándoles que había una bomba en las premisas del centro. La detención arbitraria de esta persona se produjo a raíz de que erróneamente se identifico su número en el registro de llamadas al colegio. Posteriormente se comprobaría que el era el dueño de un negocio que proveía de globos al colegio y no tenia nada que ver con la llamada. Las autoridades del gobierno lamentaron el error en forma publica; ¿es ello suficiente?

La tortura es usada por ambos lados : por el estado para defender la seguridad ciudadana y por los del LTTE para castigar a quienes son considerados “traidores” ya que apuestan por una negociación política y explícitamente se encuentran en contra de la guerra como solución al conflicto.

La situación se complica cuando las ONGs son ubicadas “en la mira” , ya sea en situaciones de conflicto o post conflicto.

La justificación de la tortura como defensa y como castigo trata de abrirse paso y constituye un peligro mayor cuando existe una sensación de falta de justicia o de mecanismos que no funcionan adecuadamente. En sociedades donde la corrupción se encuentra identificada como un problema serio la población no tiene vías legitimas para ejercer la defensa de sus derechos y es entonces cuando el estado debe empezar por reconocer el rol que tiene las ONGs precisamente en este tipo de situaciones. Una posición abierta a la comunicación y confianza es lo que se espera, especialmente en casos donde las organizaciones cuentan con una trayectoria de trabajo comprometido con la sociedad civil.

setiembre, 2006