Ecuador: Trasnacionales mineras a la ofensiva

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Eduardo Tamayo G.

ALAI AMLATINA, 15/12/2006, Quito.- Comunidades de cinco provincias
afrontan la arremetida de transnacionales mineras, que, en su afán de
apoderarse del cobre, oro, molibdeno y otros metales, han procedido a
dividirlas e incluso a agredirlas a través de grupos armados privados,
se denunció en los Foro de los Pueblos Afectados por la Minería, que se
realizó en la Universidad Andina Simón Bolívar de la ciudad de Quito.

El Ecuador , al igual que otros países de América Latina, (1) está en la
mira de poderosas transnacionales mineras que despliegan sus actividades
protegidas por una ley de minería aprobada en el gobierno de Gustavo
Noboa (2000-2002) bajo los auspicios del Banco Mundial. Un 20 por ciento
del territorio ecuatoriano se encuentra concesionado para minería, lo
que equivale a 5 millones y medio de hectáreas aproximadamente, de las
cuales 2 millones se encuentran en bosques protectores “con funciones
ecológicas irremplazables”, sostiene la organización ecologista Acción
Ecológica.

Los asistentes al foro de afectados por la minería acusaron a las
empresas transnacionales canadienses Corrientes Resources y a la
Asdendant Cooper Corporation de intimidar a los dirigentes, incumplir la
ley, agredir a quienes se oponen a sus propósitos y de dividir a las
comunidades mediante dádivas y sobornos. La primera
opera bajo el nombre de Ecuacorrientes en la cordillera del Cóndor, al
sur país, en la zona limítrofe con el Perú, y la segunda despliega sus
actividades en la zona de Intag, provincia de Imbabura, sierra- norte
del Ecuador, donde habría grandes reservas de cobre.

El foro pidió al gobierno del Ecuador que presente una demanda contra
“el gobierno de Canadá y organismos internacionales, por la actuación de
las empresas canadienses en las comunidades (…) por patrocinar distintas
estrategias que han generado una conflictividad social violenta”.

Persistente resistencia

En la región de Intag, la Asdendant Cooper obtuvo una concesión del
Estado de 980 hectáreas y ha estado haciendo grandes inversiones para
adquirir, en ciertos casos en 20 veces más de su valor, las tierras de
los empobrecidos campesinos, según ha señalado la organización
ambientalista Defensa y Conservación Ecológica de Intag (DECOIN).

El gerente de la Asdendant Cooper, Francisco Ventimilla, ha informado a
la prensa que la empresa pretende invertir entre 870 y 1200 millones de
dólares y que las reservas de cobre y molibdeno, que guarda la
cordillera de Toisán, Intag, tendrían un valor de 73.000 millones de
dólares, superando incluso a las de Chile. Su aspiración es explotar las
minas durante 30 años. De darse la explotación minera, casi todo se
llevaría la empresa canadiense pues, según la ley de minería vigente,
las empresas mineras no pagan regalías y abonan apenas 16 dólares por
patentes de exploración y explotación.

Las organizaciones sociales, sin embargo, acaban de frustrar el plan de
la Asdendant Cooper de implantarse en el norte de Ecuador usando la
fuerza. A partir del 2 de diciembre, grupos armados de la Asdendant
Cooper, a través de su empresa terciarizadora Falericorp, han
incursionado en varias ocasiones en la zona de Intag, considerada como
una de las de mayor biodiversidad del país, para “tratar de posesionarse
del área concesionada para entrar con sus ingenieros para hacer la fase
de exploración”, señala Polibio Pérez, presidente del Consejo de
Desarrollo Comunitario, que agrupa a 9 comunidades del sector.

Las comunidades campesinas capturaron a 56 hombres armados (entre los
cuales hay ex militares, pero también 14 militares en servicio activo),
los retuvieron por unos días y los entregaron luego a la policía
nacional. Cabe indicar, que esta acción de los pobladores de Intag se
inscribe en una larga trayectoria de lucha y resistencia: en 1997
expulsaron a la empresa japonesa Bushimets, subsidiaria de Mitsubishi
Corporation, la cual, sin embargo, abrió el camino para que se
estableciera la Asdendant Cooper.

Los campesinos aducen que la Asdendant Cooper ha incumplido el artículo
88 de la Constitución que determina que “toda decisión estatal que pueda
afectar el medio ambiente, deberá contar previamente con los criterios
de la comunidad, para lo cual ésta será debidamente informada. La ley
determina su participación”. Es decir, autoridades provinciales,
cantonales y actores locales no fueron previamente informados ni
consultados, por lo que el Ministerio de Energía y Minas le pidió, el 8
de diciembre, que se abstenga de “realizar actividades mineras hasta que
se apruebe el estudio de impacto ambiental” que la empresa no lo ha
conseguido.

Los campesinos sostienen que las autoridades estatales deben suspender
las actividades de la transnacional canadiense puesto que la actividad
minera tendría graves impactos ambientales y sociales, afectando la
flora y fauna de una de las regiones de mayor biodiversidad del país y
se contaminarían las fuentes de agua de dos provincias.
“En un estudio de impacto que se hizo en 1990 por parte de la empresa
japonesa, Bushimets, hablaban de reubicar a 6 comunidades para comenzar
el proyecto minero, ellos hablaban de la desertificación del suelo de
toda la zona de Intag, entonces 7 parroquias del cantón Intag, con
14.000 habitantes, tendrían que desaparecer para dar paso al saqueo de
una transnacional”, sostiene el dirigente Polibio Pérez.

El cantón Cotacachi, donde opera la Asdendant Cooper, ha sido declarado
por el Municipio encabezado por su Alcalde, Auki Tituaña, como cantón
ecológico. Los pobladores y campesinos quieren que se respete esta
decisión para seguir viviendo en paz de la agricultura y el ecoturismo.

El impacto es sobre todo social

Otro foco de conflictos sociales y ambientales es la Cordillera del
Cóndor en donde las poblaciones se oponen a las actividades de la
transnacional Ecuacorriente y de la empresa Hidroabanico, que generaría
electricidad para las mineras. Ecuacorriente tiene una concesión de
60.000 hectáreas para un megaproyecto de minería de cielo abierto en una
de las zonas de mayor biodiversidad del planeta y que también es
territorio del pueblo shuar.

Ecuacorriente engañó a las comunidades a fin de obtener la aprobación
para sus proyectos. El dirigente poblacional Rodrigo Aucay dice que la
transnacional canadiense “entró a la zona, obtuvo la licencia de medio
ambiente pero la población y especialmente las comunidades ancestrales
nunca ha sido consultadas. Un día, llevaron maquetas, pusieron películas
bonitas y luego formaban filas de hombres a quienes les daban un
sánduche y un refresco, y recogían las firmas… y eso había sido la
autorización que había estado dando el pueblo. Cuando reclamamos el
porque del engaño, empezó a comprar a líderes de todas las
organizaciones grandes o pequeñas, de hecho o de derecho, y empezó a
generar fuertes divisiones en el pueblo”.

La trasnacional “esconde información, dice ante el público que quieren
explotar cobre, pero en su página Web está que va a explotar oro, plata,
zinc, en total 17 minerales, y por lo tanto ella simplemente va a moler
y llevar el concentrado a su país ”.

Tras largas y sacrificadas jornadas de paros y protestas de las
provincias de Zamora Chinchipe y Morona Santiago, se firmó, el 12 de
noviembre, un “acta compromiso” con el Ministro de Trabajo José Serrano,
delegado del presidente Alfredo Palacio, en la que se acordó la
suspensión inmediata de las actividades de la Corriente Resources, sin
embargo esta continuó laborando. Cuando unos 2000 pobladores fueron a
reclamar al campamento de la empresa fueron duramente reprimidos por los
empleados de la misma que actuaron conjuntamente con los militares del
batallón Gualaquiza. No solo se lanzó bombas lacrimógenas contra los
manifestantes y se hirió a varios de ellos sino que 13 fueron
secuestrados por unas horas por efectivos militares que los trasladaron
a las instalaciones de la Corriente Resources. Entre los secuestrados
estuvo el diputado indígena Salvador Quishpe, del movimiento Pachakutic,
quien fue objeto de burlas racistas y maltrato.

Durante el foro de afectados por la minería, varios líderes comunitarios
coincidieron en señalar que el Estado, con todas sus instituciones
jurídicas, legislativa, militares, policiales, etc. siempre ha actuado
en defensa de las transnacionales mineras y no de las poblaciones
locales. Las transnacionales, con el enorme poder financiero que
cuentan, son capaces de remover cualquier obstáculo que les impida
apoderarse de las enormes riquezas que esconde el subsuelo ecuatoriano.
Particularmente, se cuestionó la actividad de las Fuerzas Armadas, que
según el dirigente Polibio Pérez, “están tergiversando su papel: ellas
tienen que salvaguardar la soberanía nacional y lo que están haciendo es
defender la soberanía de las transnacionales”. Los líderes sociales, de
otro lado, solicitaron que se declare la nulidad de todas las
concesiones mineras otorgadas por el Estado. (2)

El diputado Quishpe dijo que la solución a los conflictos mineros no
pasa por la reforma de la Ley Minera, ya que no se puede esperar nada de
un Congreso como el actual e incluso del que se instalará el próximo mes
de enero, pues está controlado por partidos tradicionales que defienden
“la inversión extranjera”. Según el diputado indígena se debe empujar la
Asamblea Nacional Constituyente promovida por el presidente electo
Rafael Correa para lograr cambios sustanciales en los ámbitos de la
minería y el medio ambiente.

(1) Ver “América Latina: Boom minero, desastres y resistencias”, América
Latina en Movimiento Nº 412, septiembre 2006.
http://alainet.org/active/15026

(2) Resoluciones del Foro de los Pueblos Afectados por la Minería
http://alainet.org/active/15029&lang=es

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