MALTRATO

Publicado en diario Página 12, Buenos Aires

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-77594-2006-12-12.html

Fecha: Martes, 12 de Diciembre de 2006
Difundido por RIMA - Red Informativa de Mujeres de Argentina

(1) UN PROYECTO INSTAURA LA VIOLENCIA PSICOLOGICA ADEMAS DE LA FISICA

Contra el maltrato en todas sus formas

Una iniciativa en la Cámara de Diputados propone que las mujeres puedan
denunciar a cualquier hombre y no sólo a cónyuges o concubinos como ahora.
Incluye como maltratos los celos excesivos, chantajes y humillaciones. Y fija
indemnizaciones a las víctimas.

Por Mariana Carbajal

Un avance significativo en la lucha contra la violencia hacia las mujeres dará
la Cámara de Diputados al aprobar un proyecto de ley, que cuenta con el respaldo
de todas las bancadas y cuyo debate está previsto hoy en la Comisión de Justicia
y podría llegar al recinto antes de fin de año. La iniciativa amplía la
definición de violencia e incluye entre las conductas que podrán denunciarse
aquellas que ocasionen daño emocional y disminuyan la autoestima, como tratos
humillantes y vejatorios, vigilancia constante o frecuente, celos excesivos,
intimidación o chantaje. Las mujeres podrán pedir protección judicial frente a
actitudes violentas de novios o ex novios –actualmente las denuncias se limitan
a cónyuges o concubinos–. Entre otras novedades, prevé que el juez pueda
ordenar, en la sentencia, que el agresor indemnice los daños causados a la
víctima por el maltrato, como gastos de mudanza, legales, médicos, psicológicos,
de alojamiento, reparaciones de la propiedad, y también lucro cesante. Si el
agresor no cumple las medidas ordenadas por el magistrado para proteger a
víctima, se le podrán imponer multas a favor de la víctima o su conducta
violenta podrá ser dada a conocer en su lugar de trabajo, o en el gremio o la
asociación profesional a la que pertenezca.

El proyecto de ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las
Mujeres ya tiene dictamen de la Comisión de Familia. Es una propuesta de la
diputada del ARI Marcela Rodríguez, que viene batallando por la sanción de esta
normativa desde 2002. La kirchnerista Juliana Di Tullio es otra de las diputadas
que impulsan la sanción.

Desde el 8 de marzo último, Día Internacional de la Mujer, tiene preferencia
para ser votada en el recinto una vez que finalice su tratamiento en comisiones.
Después de la de Justicia, al proyecto le queda pasar por Presupuesto y Hacienda.

El texto en discusión mejorará la ley nacional 24.417 de violencia doméstica (de
1994, reglamentada en 1996) que tiene varios aspectos cuestionados por
especialistas en el tema: en primer lugar su abordaje, ya que considera la
situación de violencia como un conflicto familiar y no como una violación de
derechos humanos. La iniciativa de Rodríguez apunta a proteger a las mujeres. En
la práctica, propone dar cumplimiento a las obligaciones asumidas por el Estado
al suscribir la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar
la Violencia contra la Mujer, que en el país es ley nacional.

“Uno de los mayores avances de esta convención se manifiesta en su propio
nombre, al establecer que se aplica a la violencia contra las mujeres. La
característica principal de la violencia de género es, precisamente, que se
inflige a las mujeres como y por ser tales y que se relaciona básicamente con el
sistema social de jerarquías y subordinación entre los sexos. La convención, a
diferencia de las legislaciones nacionales que se refieren a esta temática en
América latina y el Caribe, ha rechazado la utilización de un lenguaje neutral
en términos de género y determinó claramente quiénes son las víctimas que
requieren protección, así como las causas sociales de la violencia contra las
mujeres, partiendo de la realidad social de desigualdad de poder entre varones y
mujeres. Entiende que la eliminación de la violencia contra las mujeres es
condición indispensable para su desarrollo individual y social y su plena e
igualitaria participación en todas las esferas de la vida”, señalan los
fundamentos de la iniciativa.

El Ministerio del Interior está elaborando paralelamente un proyecto de ley de
violencia familiar complementario, bajo la supervisión de la psicoanalista Eva
Giberti, que contempla el maltrato infantil, a ancianos y a personas con
discapacidad además de la violencia conyugal.

El proyecto de Diputados tiene varios aspectos novedosos. Por un lado, amplía la
definición de violencia y entre ellas incluye la violencia psicológica, a la que
considera como “toda conducta que directa o indirectamente, sea por acción u
omisión, ocasione daño emocional, degrade o controle las acciones,
comportamientos, creencias y decisiones de las mujeres, disminuya la autoestima,
perjudique o perturbe el sano desarrollo; tales como las conductas ejercidas en
deshonra, descrédito o menosprecio al valor personal o dignidad, tratos
humillantes y vejatorios, vigilancia constante o frecuente, aislamiento, amenaza
de alejamiento de los hijos, celos excesivos, burla, desvalorización, crítica
permanente, ridiculización, indiferencia, abandono, hostigamiento, acoso,
intimidación y/o chantaje u otras conductas análogas”.

En todos los casos, las causas tramitarán en el fuero civil, en los tribunales
de familia. En lo referente a las modificaciones al procedimiento judicial, la
ley tendrá vigencia en la ciudad de Buenos Aires y las provincias podrán aprobar
su adhesión.

Además, el proyecto crea el Programa Nacional para la Prevención y Erradicación
de la Violencia contra las Mujeres y Asistencia a las Víctimas en el ámbito del
Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, que será su autoridad de
aplicación, pero que desarrollará sus objetivos en forma coordinada con el
Consejo Nacional de la Mujer y otros ministerios como el de Desarrollo Social y
el de Educación. Sus funciones son extensas, entre otras:

- Asistir, por un lado, a las víctimas y, por otro, promover la sanción social y
la reeducación de los victimarios.

- Impulsar la capacitación de funcionarios y agentes públicos que intervengan en
el tratamiento de los hechos de violencia contra las mujeres.

- Promover campañas de divulgación e información para sensibilizar a la
población e informar sobre los recursos que el Estado garantiza a las víctimas.

- Recabar información y producir informes estadísticos (hoy inexistentes)
fiables respecto de esta temática.

- Fomentar la igualdad de oportunidades y promover la autonomía de las mujeres.

- Celebrar convenios con el fin de facilitar líneas de créditos destinadas a
mujeres víctimas de violencia.

“La importancia fundamental de este proyecto radica en que dice con precisión
clara qué hechos configuran violencia, para que no haya dudas, y las mismas
mujeres que la sufren sepan que pueden denunciarlas. La naturalización de la
violencia ha hecho que no siempre las mujeres puedan identificar esas conductas
como generadoras de violencia. Esta función educativa de la ley es clave. Pero
además establece políticas públicas para prevenir la violencia contra las
mujeres, asistir a las víctimas y modificar patrones socioculturales”, destacó
la diputada Rodríguez, en diálogo con Página/12. “La cantidad de muertes de
mujeres en manos de conocidos, en el marco de relaciones interpersonales, es
mucho mayor que el número de muertes de mujeres por delitos callejeros o
desconocidos. Muchas de estas muertes podrían evitarse con políticas públicas y
respuestas judiciales adecuadas”, agregó la legisladora, que se especializó en
la temática cuando dirigió el Centro de la Mujer del municipio de Vicente López
y desarrolló en ese ámbito un modelo de asistencia y tratamiento a víctimas de
violencia que recibió múltiples reconocimientos.

Subnotas

LA VICTIMA PODRA SER INDEMNIZADA

(2) A pagar por el daño

Por Mariana Carbajal

En su artículo 25º, el proyecto de Diputados incorpora la posibilidad de que la
mujer víctima de violencia pueda reclamar una reparación económica por los
sufrimientos padecidos a través de un juicio por daños y perjuicios, según las
normas comunes que rigen la materia. El juez, en la sentencia, a pedido de la
parte, podrá ordenar que el agresor indemnice “los daños causados, incluyendo
gastos de mudanza, reparaciones de la propiedad, gastos legales, médicos,
psicológicos, de alojamiento, daños morales y, en general, la reparación de
todos aquellos daños y lucro cesante causados por el maltrato”.

La ley de violencia familiar vigente no prevé sanciones cuando el agresor no
cumple las resoluciones judiciales o reitera los hechos probados de violencia.
El texto en debate en Diputados establece castigos que van desde una advertencia
o llamado de atención por el acto cometido hasta multas (graduables de entre 2 y
50 salarios mínimos) a favor de la víctima, la realización de trabajos
comunitarios en los lugares que se determine y la comunicación del
incumplimiento de las órdenes impuestas a la dependencia donde trabaje el
presunto agresor, a la asociación profesional o al sindicato del cual dependa,
con el consentimiento de la víctima. Esta última sanción es resistida por la
mayoría de los legisladores de la Comisión de Justicia.

Un cambio sustancial que impondrá este proyecto es la eliminación de la
mediación, entre agresor y víctima, uno de los aspectos más cuestionados de la
ley 24.417. Actualmente, está previsto un mecanismo para acercar a las partes y
reconciliarlas. Debido al miedo a nuevas represalias, la mujer puede terminar
accediendo a cualquier arreglo, por desventajoso que le resulte. De convertirse
en ley, la iniciativa en debate, el juez queda obligado a tomar la audiencia
personalmente, escuchando a las partes por separado y dentro de las 48 horas de
iniciado el proceso.

Hay otros puntos del procedimiento judicial que se modifican:

- Las mujeres podrán presentar la denuncia sin necesidad de ser acompañadas por
un abogado, tanto en la comisaría como ante cualquier juez o el Ministerio
Público (fiscalía).

- Durante el juicio, la víctima será patrocinada gratuitamente.

- La persona denunciante puede pedir que su identidad sea mantenida en reserva.

- Se prevé que el juez pueda tomar medidas preventivas urgentes para la
seguridad de la víctima, entre otras, la exclusión del agresor de la vivienda
que comparte con la víctima, decomisarle al agresor las armas que tuviera y
prohibirle la compra de otras nuevas y ordenarle que concurra a los programas de
reeducación.

(3) Una campaña por la igualdad de géneros que es cosa de hombres

Artistas, políticos, periodistas y deportistas firmarán hoy un compromiso
público de condena a la violencia de género. Será el inicio de una campaña que
busca integrar a los hombres en ese reclamo y que finalizará el 8 de marzo, Día
de la Mujer, con una marcha de varones.

Decenas de hombres en reclamo por los derechos de las mujeres, en una
convocatoria con ausencia de ellas. Todos ubicados en un puente blanco diseñado
en homenaje a la mujer. Esa imagen podrá verse hoy en Puerto Madero, cuando a
las 18 se inaugure la campaña “Todos por todas. Compromiso de varones por la
igualdad de género” con un acto en el que hombres reconocidos del arte, la
cultura, la política y otros ámbitos condenarán la violencia doméstica y
buscarán crear conciencia sobre el flagelo.

La actividad suma a la ciudad de Buenos Aires a una campaña internacional que
tuvo su origen en España y a la que, por ejemplo, se adhirió Montevideo hace
algunas semanas con una marcha. Aquí es convocada por el gobierno porteño, cuyo
jefe, Jorge Telerman, presentará un texto compromiso firmado por todos los
varones que se plegaron.

“Un mundo donde mujeres y varones son iguales es un mundo más justo y
democrático. Las mujeres luchan por la igualdad desde hace años: es tiempo de
que nosotros también nos comprometamos. Sabemos que las soluciones son a largo
plazo, pero el cambio es posible”, reza en sus primeros párrafos el documento en
cuestión.

La actividad de esta tarde, cuya convocatoria estuvo a cargo del Ministerio de
Derechos Humanos y Sociales, es el lanzamiento de una campaña que se
desarrollará a lo largo del verano en la ciudad a través de acciones de difusión
y contará con mesas en diferentes barrios para que los hombres puedan adherirse.

La ministra Gabriela Cerruti sostuvo que la violencia contra la mujer “es
cotidiana y se da mucho, aunque los porteños creamos que no”. Además, manifestó
que ese fenómeno “no se termina si no se genera conciencia de la igualdad de
género. Nosotros podemos poner oficinas, realizar campañas y patrocinar, pero
hasta que no se logre eso, el flagelo va a seguir”.

El ex tenista Guillermo Vilas, el conductor Horacio Cabak, el periodista Daniel
Malnatti, el legislador porteño Miguel Talento y el músico Charly Alberti son
algunos de los famosos que con su firma adhirieron a la campaña y participarán
en algunas de las actividades de difusión programadas para este mes, enero y
febrero.

Alberti expresó al respecto que “es horroroso que el género determine en muchos
casos el trato que se le da a la persona. Sólo vemos la punta del iceberg, ya
que hechos de violencia doméstica ocurren muchísimo en nuestro país. Hay que
divulgar el respeto por los derechos de las mujeres”.

Las firmas que se recolectarán durante todo el verano en la ciudad serán
entregadas en el marco de una marcha de varones, el próximo 8 de marzo, Día
Internacional de la Mujer, a organizaciones de género que luchan por la igualdad.

“La violencia es siempre la negación del otro o la competencia sin límites sobre
el otro. Para erradicar esto debe avanzar la cultura en general. En Argentina,
si bien hay un avance importante en ese sentido, como el voto y ley de cupo,
todavía falta un largo trecho para eliminar las prácticas que vulneran los
derechos de la mujer”, sostuvo el legislador Talento.

Durante la actividad también se mostrarán varios spots televisivos que filmaron
los actores Antonio Birabent, Tomás Fonzi, Mariano Martínez, Rodrigo Girao Díaz
y el periodista Matías Martin, para la campaña Varones contra la Violencia que
comenzó la semana del 25 de noviembre, Día Internacional de la No Violencia
hacia las Mujeres, y también una muestra fotográfica de mujeres argentinas.

Informe: Eugenio Martínez Ruhl

(4) “Sos mía o de nadie”

Por Horacio Cecchi

Se inició ayer en Dolores el juicio contra Mingo Altieri, más conocido por su
parentesco de primo hermano con el intendente de Pinamar, Blas Altieri, y por
intentar asesinar a su ex esposa Karina Cataldi de cuatro disparos a quemarropa
en 2003 en Cariló, que por ninguna otra data de su curriculum vitae. Altieri
enfrenta en el juicio cinco acusaciones formales de la Justicia, por doble
intento de homicidio (en el mismo hecho hirió también a la pareja de Cataldi,
lesiones leves y amenazas en concurso real –había golpeado a la ex mujer en
2002–, portación ilegítima de arma de fuego de uso civil, amenazas agravadas por
el uso de armas y encubrimiento agravado –cuando atacó a Cataldi conducía una
camioneta Mitsubishi Montero melliza que estaba a su nombre–.

El juicio se lleva ante los jueces Carlos Colombo, José Luis Macchi y Luis María
Filomeno, del Tribunal Oral 1 de Dolores. La acusación corre por cuenta de la
fiscal María Claudia Castro y de los abogados de la víctima, Carlos Mosso y
Carlos Vanoni. Pedro Ignacio Arano es defensor del Mingo. Por el momento,
Altieri se negó a declarar. Hoy posiblemente sea el turno del testimonio de
Cataldi y de Osvaldo Cura, pareja de la mujer, que también resultara herido.

Para Karina Cataldi, el devenir judicial del caso es apenas un vestíbulo en
penumbras porque, aunque con resultado imaginable, la experiencia le indica que
debe considerarlo incierto, y porque el resultado judicial, por más favorable
que sea, será apenas un bálsamo kinesiológico frente a las noches de terror que
pasó y las que le quedan de por vida con un agujero en la cabeza y un plomo a
milímetros de la médula que le recuerdan que cuando todo termine, después de
todo, seguirá siendo mujer.

En el juicio de Dolores, como en todos los casos de violencia de hombres contra
sus ex parejas, se ventilan dos historias. La primera es la individual que
Karina Cataldi carga sobre su cuerpo y que comenzó a desarrollarse después de 16
años de matrimonio y cuatro de divorcio de Domingo Altieri, primo hermano del
intendente de Pinamar. Desde ese momento, Cataldi presentó decenas de denuncias
contra el Mingo por amenazas, golpes, persecuciones y el latiguillo permanente
del “o sos mía o no sos de nadie”.

Esa misma frase es la que escuchó de boca del Mingo la noche del 1 de septiembre
de 2003 en una estación de servicio de Cariló. Esa noche, el Mingo, tras
perseguirla en su Mitsubishi melliza, le descerrajó cuatro balazos a quemarropa
y dos contra Osvaldo Cura. La defensa del Mingo alegó que no tuvo intenciones de
matar. De ser cierto, la capacidad de tiro del Mingo será de alta competencia:
una bala quedó alojada junto a una vértebra, otra perforó un hombro y una
tercera entró por la oreja y salió perforando la tráquea. Antes de ese último
disparo, apuntado a la cabeza, Cataldi volvió a escuchar el latiguillo de la
pertenencia.

Ayer, la defensa intentó incorporar un testigo fuera de término. Es el mismo que
en el juicio civil sostuvo que Cataldi se veía con el Mingo y con Cura, y que
él, el Mingo, fue llamado por Cataldi esa noche para tenderle una emboscada y
quedarse con su dinero. Y él reaccionó fuera de sí. El tribunal rechazó el
pedido de incorporarlo.

La segunda historia que se ventila en el juicio es la que Cataldi carga de
milagro y en representación de género.

(5) UN MENU DE MEDIDAS PREVENTIVAS

Protección urgente

La ley de violencia en debate en la Cámara de Diputados establece una serie de
medidas preventivas urgentes entre las que podrá elegir el juez para proteger a
la mujer agredida y que deberá disponer dentro de las 48 horas de presentada la
denuncia. Algunas de las medidas son:

- Disponer la instalación de medidas de seguridad (rejas, cerraduras, etcétera)
en el domicilio de la víctima, ordenando al presunto agresor el pago de los
gastos correspondientes.

- Ordenar la asistencia del presunto agresor a programas de reeducación.

- Prohibir al presunto agresor la compra y tenencia de armas, y ordenar el
decomiso de las que estuvieren en su posesión.

- Disponer el inventario de los bienes de la sociedad conyugal y de los propios
de la persona afectada, en caso de mediar vínculo matrimonial entre el presunto
agresor y la víctima.

- Ordenar al presunto agresor la interdicción de enajenar, disponer, ocultar o
trasladar bienes comunes o propios de la persona agredida.

- Otorgar el uso exclusivo, por el período que estime conveniente, del
mobiliario de la casa a la persona agredida.

- Ordenar la exclusión de la parte agresora de la residencia común,
independientemente de la titularidad sobre la misma.

- Ordenar la prohibición de acercamiento del presunto agresor al lugar de
residencia, trabajo, estudio o a los lugares de habitual concurrencia de la
víctima y sus familiares.

- Ordenar al presunto agresor que cese en los actos de perturbación o
intimidación que, directa o indirectamente, realice hacia la víctima o los
restantes miembros del grupo conviviente.

- Ordenar el reintegro de quien ha debido salir del domicilio, excluyendo en tal
caso de dicha vivienda al presunto agresor.

- Ordenar la restitución inmediata de los efectos personales a la parte
peticionante, si ésta se ha visto privada de los mismos.

- Ordenar el acompañamiento de la víctima a su domicilio para retirar los
efectos personales.

- Proveer las medidas conducentes a brindar a la víctima y al grupo familiar,
cuando así lo requieran, asistencia médica y psicológica, a través de los
organismos públicos y entidades no gubernamentales con formación especializada
en la prevención y atención de la violencia y asistencia a la víctima.

- Fijar una cuota alimentaria provisoria, si correspondiese, según las normas
que rigen la materia.

- Establecer un régimen de tenencia provisorio de los hijos y visitas conformes
con las reglas legales establecidas.

- Ordenar la suspensión provisoria del régimen de visitas.

- Ordenar al presunto agresor abstenerse de interferir, de cualquier forma, en
el ejercicio de la guarda, crianza y educación de los hijos.