Divorciarse por violencia familiar o maltrato

CIMAC - MEXICO

Difícil hacerlo en México

Por Rocío Islas Huerta

México, 27 nov 06 (CIMAC).-Para que se le otorgara el divorcio, en 1860,
Laura Mantecón acusó a su esposo Manuel González, presidente de México, de
sevicia (violencia familiar) o maltrato.

Laura Fernández de Arteaga y Mantecón Santibáñez de González fue la primera
mujer en solicitar en la ciudad de México el derecho al divorcio por maltrato.
Sucedió hace 126 años en la Tercera Sala de Tribunal Superior de Justicia,
ante el licenciado I. Cejudo, presidente de la Sala; Carlos Flores, Rafael
Hoyos, Ramón Cárdenas, Rafael Ortega y el secretario JM Vega Limón, según
copia de la demanda que permanece en el Acervo de la Biblioteca de la
Universidad Iberoamericana.

Según el documento histórico, se absolvió al señor Manuel González de la
demanda de divorcio que su esposa presentó en su contra. A ella le cesaron
los derechos que le favorecían de la sociedad conyugal y se le condenó a
asumir todos los costos de la instancia.

¿Suena familiar este veredicto? ¿Existirá alguna similitud del caso de
doña Laura, hace más de un siglo, al de las mujeres que solicitan el
divorcio por violencia familiar en la actualidad?

Para probar la sevicia bastará, decía ella de puño y letra: "Las huellas
que en su salud y cuerpo conservara como un álbum de las violencias
ejercidas, que no sabiendo respetar a su compañera, puso su dignidad en la
punta de una bota, exponiéndola a una viudez voluntaria".

Pues no. Esas pruebas, ni ahora ni antes bastan. Esto es una afirmación, ya
que en días recientes el máximo órgano jurisdiccional en México, la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN), emitió un pronunciamiento donde se
formula un criterio para consolidar los requisitos para concretar un
divorcio necesario por causas de violencia familiar.

La mayoría de los ministros de la Primera Sala de la SCJN establecieron que
en las demandas de divorcio por motivos de violencia familiar deberán
manifestarse detalladamente en tiempo, forma y lugar en que ocurrieron los
hechos, ya sea porque existan agresiones de un cónyuge hacia el otro o de
uno de ellos hacia sus hijos.

Con este nueva decisión, la SCJN cierra las posibilidades para concretar un
divorcio necesario por causas de violencia familiar, ya que señala no es
suficiente que en la demanda se narren genéricamente los hechos que a
juicio del actor actualicen dicha causal de divorcio.

No obstante lo anterior y con la finalidad de crear una uniformidad para
toda la República Mexicana, los ministros establecieron también obligatorio
para todos los juzgados del país acatar este nuevo criterio.

REGRESIÓN EN DERECHOS HUMANOS

¿Que representa para las mujeres este veredicto? En el caso
de ser humilladas, burladas, insultadas, subordinadas, controladas y
celadas por su cónyuge, las víctimas de violencia emocional deberán
comprobar la hora exacta, el lugar, detallar los acontecimientos y contar
con un testigo que confirme la agresión.

Según Guadalupe González, directora de Atención y Prevención de la
Violencia Familiar del GDF, los testigos suelen ser los hijos e hijas que
están presentes en las agresiones ejercidas en su mayoría por padre, siendo
más complicada la denuncia porque existe un vínculo emocional con el agresor.

En opinión de la especialista, esto representa una regresión en los avances
de los derechos humanos en el marco nacional e internacional, obtenidos
hasta el día de hoy en beneficio de una vida libre de violencia para las
mujeres.

Asimismo, Juana María Tec, responsable de la Unidad de Atención y
Prevención a la Violencia, en Coyoacán, mencionó que la SCJ ignoró que
México ha suscrito Convenios Internacionales, como la Convención
Interamericana para Prevenir, Erradicar y Sancionar la Violencia contra la
Mujeres (Convención de Belem Do Pará, 1994) y la Convención para la
Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW,
1979).

Especificó que México ratificó un compromiso internacional de adoptar
medidas concretas para eliminar la violencia en contra de las mujeres, así
como el deber del Estado de reconocer, proteger y garantizar los derechos
que las mismas establecen.

Por otra parte, según esta nueva tesis, también la violencia física
ejercida sobre las mujeres en el matrimonio debe comprobarse. Pero tal vez
ésta representa menos problema porque, en tal caso, podría existir
averiguación previa del médico legista. Las mujeres víctimas de la
violencia familiar deberán entonces acudir al Ministerio Publico golpeadas,
o ensangrentadas, para comprobar la violencia ejercida hacia su persona.

Respecto al fallo de la Suprema Corte, el Instituto Nacional de las Mujeres
(Inmujeres) consideró que establecer requisitos más exigentes para los
divorcios por violencia doméstica complicará la situación de miles de
mujeres y desalentará la presentación de denuncias penales contra los
agresores.

En México, de todas las formas de violencia, la violencia emocional ocupa
el primer lugar en los hogares mexicanos con el 38.4 por ciento. Y 96 de
cada 100 mujeres son receptoras de violencia, según el INEGI.

Cada 35 minutos se recibe una llamada de una mujer víctima de violencia
familiar, dice el Inmujeres. Mientras el Sistema de Registro Estadístico de
Violencia Familiar en el GDF atendió, sólo de julio a septiembre del 2006,
a 136.587 personas -en su mayoría mujeres- victimas de violencia familiar.

LAS COSAS PUEDEN CAMBIAR

Las mujeres en México constituyen más de la mitad de la población. Su lucha
por ejercer el derecho a no ser maltratadas no debería representar lo mismo
que para Laura Mantecón en 1860.

En estos años es incuestionable la lucha de las mujeres por mejorar sus
condiciones sociales. En innumerables foros nacionales e internacionales
han manifestado la necesidad de construir vínculos igualitarios,
respetuosos y solidarios. Y esto sólo podrá lograrse cuando los
responsables de marcar el rumbo lo hagan por la vía acertada.

En caso de vivir violencia familiar en el DF las y los afectados deben
acudir a las Unidades de Atención y Prevención a la Violencia Familiar
existe una en cada Delegación política, o bien, llamar a Locatel, al
teléfono 5658 1111.

06/RI/GG/CV