MISIÓN INTERNACIONAL DE VERIFICACIÓN SOBRE LA SITUACIÓN HUMANITARIA « Blog de Beatriz Garrido

Y DERECHOS HUMANOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE COLOMBIA
Fuente: Minga Informativa de Movimientos Sociales
http://movimientos.org
Comunicaciones ONIC
www.onic.org.co

Declaración Final

Ante la agudización de la crisis humanitaria de las comunidades
indígenas en Colombia, las principales organizaciones indígenas de
Colombia, congregadas en el Consejo Nacional Indígena de Paz,
convocaron a una Misión Internacional de carácter independiente para
hacer seguimiento a las recomendaciones hechas en el 2004 por el
Relator Especial de las Naciones Unidas para los derechos humanos y las
libertades fundamentales de los pueblos indígenas, Rodolfo Stavenhagen.
Esta Misión Internacional de Verificación sobre la Situación
Humanitaria y Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de Colombia
entre el 19 y 29 de septiembre de 2006 tuvo como propósito verificar el
estado de cumplimiento de las recomendaciones y la situación actual de
los pueblos indígenas, producir un informe para que la comunidad
internacional pueda instar al gobierno de Colombia el cumplimiento de
los acuerdos y compromisos internacionales y de orden nacional, en
materia de respeto a los derechos de los pueblos indígenas.

La Misión estuvo conformada por organizaciones de derechos humanos y de
la sociedad civil de Europa, América Latina, Estados Unidos, y Canadá,
con observadores de las agencias de las Naciones Unidas, la Embajada de
Suiza, la Embajada de Alemania, la delegación de la comisión europea,
y la MAPP-OEA.

La Misión visitó cinco regiones: la Sierra Nevada de Santa Marta, el
Alto Sinú en Córdoba, el departamento de Arauca, el departamento del
Cauca y el departamento del Guaviare. En cada región la Misión sostuvo
entrevistas con las comunidades indígenas y sus organizaciones, recibió
testimonios de indígenas víctimas de violaciones de los derechos humanos
y el derecho internacional humanitario, y se entrevistó con autoridades
locales y departamentales, cívicas, militares y de organismos de control
del Estado. En el ámbito nacional, la Misión se entrevistó con
entidades del Sistema de Naciones Unidas y con miembros del Cuerpo
Diplomático congregados en el G24, con autoridades del gobierno central
y con los organismos de control nacional.

Adicionalmente, la Misión participó en el foro nacional de mujeres
indígenas y en el foro nacional por la vida de los pueblos indígenas y
tuvo acceso a estudios de caso, informes de violaciones de derechos
humanos a los pueblos indígenas, testimonios, documentos y análisis de
expertos, que le permitieron obtener una visión integral de la
situación actual por la que atraviesan los pueblos indígenas de Colombia.

Una vez concluida la visita en terreno, la Misión emite la siguiente
declaración:

CONSTATACIONES

1. La Misión constató que los pueblos indígenas (hombres, mujeres,
niños y niñas, y sus organizaciones) están siendo víctimas de
violaciones a los derechos humanos fundamentales y de crímenes de lesa
humanidad, tales como: asesinatos políticos, detenciones masivas y
arbitrarias, torturas y tratos crueles, desapariciones forzadas,
allanamientos, señalamientos, judicializaciones y acusaciones
infundadas, retenes permanentes y limitaciones a la movilidad.
Igualmente se violan su derecho al debido proceso, el respeto a su
autonomía, costumbres y territorios. Las medidas implementadas en el
marco de la política del actual gobierno, tales como: la red de
informantes, los soldados campesinos, los batallones de alta montaña,
las brigadas móviles, los escuadrones antidisturbios, y los grupos de
operaciones especiales, agravan la ya difícil situación que enfrentan
los pueblos indígenas y sus territorios.

2. La Misión constató que los pueblos indígenas están sufriendo los
efectos de las graves infracciones al derecho internacional humanitario
cometidas por los actores armados en el contexto del conflicto armado
interno (la Fuerza Pública, los grupos guerrilleros y paramilitares o
desmovilizados). La Misión tuvo conocimiento y pudo observar en el
terreno que la fuerza pública ha construido puestos policiales y
militares, garitas, trincheras y puntos de avanzadas, en medio de los
sitios de vivienda de los indígenas, en lugares ampliamente poblados y
en territorios pertenecientes a los resguardos indígenas. Realizan
retenes militares y controles en los que se despoja a los indígenas de
alimentos, medicinas y otros implementos necesarios para su
supervivencia. Los grupos armados ilegales practican el reclutamiento
forzado de jóvenes indígenas. Todos los actores armados han asesinado a
hombres y mujeres indígenas y ocupan zonas humanitarias y sitios de
asamblea permanente, designados por las comunidades indígenas como
lugares de protección frente a los efectos del conflicto. Ejecutan
operaciones militares que no guardan los principios básicos de
distinción y proporcionalidad, afectando gravemente a la población
indígena.

3. La Misión constató que el actual proceso de desmovilización de los
grupos paramilitares y las normas creadas para ello, no garantizan la
verdad, justicia y reparación de los crímenes cometidos por los
paramilitares contra los pueblos indígenas, que continúan en una
situación crítica. La Misión recibió testimonios que indican que en
varios de los territorios indígenas los paramilitares no se han
desmovilizado efectivamente y siguen cometiendo crímenes e intimidando a
la población; en otros casos, se informó a la Misión que los
paramilitares desmovilizados han conformado nuevos grupos armados y
desarrollan las mismas prácticas anteriores contra las comunidades; así
mismo, se recibieron testimonios sobre el control social, las
actividades de infiltración, información, y hostigamiento que los
paramilitares desmovilizados realizan contra las comunidades,
organizaciones y líderes indígenas.

4. La Misión constató que en los territorios indígenas se están
implementando megaproyectos sin que se respete el procedimiento de
consulta previa y los criterios para ello establecidos por los
convenios internacionales de la OIT, de las Naciones Unidas y por los
propios mecanismos internos de concertación establecidos entre el
estado colombiano y las autoridades indígenas. Estos proyectos
incluyen: infraestructura vial, fluvial y marítima, extracción de
minerales e hidrocarburos, construcción de represas y grandes proyectos
hidroeléctricos, control y explotación de la biodiversidad, y
proyectos agroindustriales como los monocultivos de palma aceitera y
caucho. Estos megaproyectos, además de generar graves e irreparables
impactos ambientales, rompen el equilibrio natural y espiritual que los
pueblos indígenas han mantenido por años, desestructuran el territorio,
perjudican la salud y afectan los ciclos productivos, alimenticios y la
convivencia de las comunidades indígenas.

PREOCUPACIONES ESPECIALES

5. La Misión pudo constatar que las violaciones a los derechos
fundamentales de los pueblos indígenas están acompañados de violaciones
a sus derechos colectivos y que se está creando un marco jurídico
normativo que agravaría esta situación. En este sentido, la Misión
expresa su preocupación especial por las leyes más recientemente
aprobadas y por las que están en trámite, tales como la ley forestal,
la ley de aguas, la ley de páramos, y ley de desarrollo rural, que
retroceden en derechos conquistados por los pueblos indígenas y apuntan
a generar mayores niveles de exclusión sociocultural y violencia, y
configuran claros escenarios de extinción de los pueblos indígenas.

6. La Misión pudo observar la situación particular de la educación y la
salud de las comunidades indígenas y manifiesta su preocupación por la
desatención de parte de las entidades regionales y del Estado central
y por la ausencia de mecanismos de concertación con miras a respetar y
apoyar las propuestas de las comunidades indígenas desde su
cosmovisión, sus prácticas tradicionales, su sabiduría ancestral y sus
proyectos de educación y salud propia.

7. La Misión escuchó abundantes testimonios sobre la situación
específica de las mujeres indígenas. La Misión quedó altamente
preocupada y denuncia las prácticas de acoso, abuso sexual, violación,
engaño y seducción contra mujeres y niñas indígenas, por parte de
miembros de la fuerza pública. La Misión recibió testimonios sobre
menores que han quedado embarazadas sin que exista responsabilidad
alguna asumida por los militares y/o policías responsables.

8. La Misión recibió testimonios e información sobre la fumigación
aérea sobre territorios indígenas, que se llevaron a cabo sin la
consulta previa de las comunidades, donde existían o no cultivos de uso
ilícito dentro de los territorios indígenas afectadas. Las fumigaciones
están agravando la inseguridad alimentaria que existe en varias
comunidades indígenas por los daños que causa a los productos de pan
coger y por los afectos negativos en la salud. La Misión observó que
las comunidades tienen serias dificultades para acceder a los fondos de
reparación por los daños ocasionados por las fumigaciones a sus
territorios y cultivos de pan coger. La Misión observa que no encontró
propuestas alternativas reales y concertadas con las comunidades, por
parte de las autoridades responsables.

9. La Misión constató que los pueblos indígenas han iniciado una
campaña encaminada a la “liberación de la madre tierra” y que tiene que
ver con la necesidad y exigibilidad de ampliación de sus territorios
para garantizar su supervivencia. La Misión tuvo información y datos
sobre los altos índices de concentración de la tierra y la propiedad en
Colombia, en los últimos años y las muertes que la defensa del derecho
a la tierra y al territorio ha causado para los pueblos indígenas. De
igual forma, la Misión conoció que el Gobierno colombiano ha
incumplido, reiteradamente, acuerdos firmados con las organizaciones
indígenas encaminados a devolver y titular tierras ancestrales que han
sido usurpadas a los pueblos indígenas.

10. La Misión lamenta no haber podido encontrarse con algunas de las
principales entidades gubernamentales y estatales colombianas, tales
como la Vicepresidencia, la Dirección de Etnias del Ministerio del
Interior, y el Ministerio de Minas y Energía. Los miembros de la
Misión lo interpretan como una falta de voluntad política por parte del
gobierno colombiano de cumplir con sus obligaciones de respetar y
proteger los derechos de los pueblos indígenas de Colombia.

CONCLUSIONES

10. Por las constataciones anteriormente señaladas, la Misión concluye:
Que las recomendaciones presentadas por el Relator Especial de la ONU
para los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos
indígenas no han sido atendidas de manera oportuna y eficaz por las
autoridades gubernamentales y estatales.

Que, desde la visita del Relator (2004), la situación de los pueblos
indígenas de Colombia se ha agravado a tal punto que configura un
escenario no sólo de una grave crisis humanitaria, sino de amenaza
cierta de extinción ante lo cual, la Misión, hace un llamado urgente a
la comunidad internacional y al Estado Colombiano a que hagan todo lo
necesario para detener este riesgo.

Que la sistematicidad de las violaciones de los derechos humanos y de
del derecho internacional humanitario y de los crímenes de lesa
humanidad a los que han sido sometidos los pueblos indígenas de
Colombia prefiguran un genocidio contra estos pueblos, que ni siquiera
las Medidas Cautelares y Provisionales, emanadas por la Comisión
Interamericana y la Corte Interamericana de derechos humanos han podido
detener.

RECOMENDACIONES

11. La Misión recomienda al Relator Especial de la ONU para los
derechos humanos y las libertades fundamentales de los Pueblos Indígenas
realizar una pronta visita de seguimiento al cumplimiento de sus
recomendaciones, con miras a exigir al Estado Colombiano respuestas
eficaces ante la gravedad de la situación de estos pueblos.

12. La Misión recomienda a la Unión Europea y al G24 hacer un
seguimiento más detallado a la situación de los pueblos indígenas, en el
marco de las cumbres de Londres y Cartagena sobre los derechos humanos
y al cooperación internacional en Colombia.

13. La Misión recomienda al Gobierno Colombiano no dilatar el
cumplimiento de acuerdos con las comunidades y organizaciones indígenas
respecto de la titulación de tierras y territorios e implementar
mecanismos de solución negociada antes que los de la represión policial
y las judicializaciones.

14. La Misión recomienda al Gobierno Colombiano retirar de los pueblos
y lugares de vivienda de los indígenas los cuarteles, trincheras y otras
formas de ocupación militar que pongan en inminente riesgo a la
población civil indígena.

15. La Misión recomienda al Gobierno Colombiano considerar los
resguardos indígenas como territorios de paz y diseñar una política
integral para proteger a los pueblos en riesgo de extinción.

16. La Misión recomienda a los grupos armados ilegales respetar los
derechos de los pueblos indígenas a su territorio, vida, y autonomía y
todos los principios del derecho internacional humanitario.

17. La Misión recomienda a las organizaciones sociales, nacionales e
internacionales y a los pueblos indígenas solicitar una moratoria en la
implementación de megaproyectos, en territorios y resguardos indígenas,
mientras no se cumplan los mecanismos y acuerdos, tanto
internacionales como nacionales, entre ellos, la de la consulta real y
efectiva a las comunidades y organizaciones indígenas.

18. La Misión recomienda a la cooperación internacional apoyar a los
planes de vida, a las estrategias de gobierno propio y autoprotección de
las comunidades indígenas.

19. La Misión extiende su solidaridad a las comunidades
afrodescendientes y campesinas que se enfrentan condiciones similares a
las de los pueblos indígenas.

Esta declaración está acompañada de un informe detallado de la Misión
sobre cada una de las regiones visitadas.

Dada en Bogotá, el 28 de septiembre de 2006.

Participantes de la Misión:

Michel Neveu – Alcalde y Consejo General de Loire – Atlantique (Francia).
Beverly Jacobs – Presidenta, Asociación de Mujeres Indígenas de Canada.
Efraín Calapucha – CONAIE ( Ecuador ).
Franklin Toala – CONAIE ( Ecuador ).
Charlie Roberts – Comité para los Derechos Humanos de Colombia a
Washington (USA).
Oswald Iten -periodista Suizo (Neue Zücher Zeitung NZZ).David Bruer –
Interpares (Canadà).
Natalia Cardona – Comité Andino de Servicios (Estados Unidos).
Andrew Fandino – Coordinador Proyecto Defensa de los U`wa, Amazon Warch
(Estados Unidos).
Anne Vereecken – comité Daniel Gillard (Belgica).
James Patton – Comitè Andiono de Servicios (Estados Unidos).
Giuseppe de Marzo – Asociaciòn A Sud (Italia).
Maria Eugenia Cardenas – Derechos y Democracia ( Canadà).
Jessica Eby – Wola (Estados Unidos).
Richard Solly – Colombia Solidarity Campaign (Gran Bretaña).
Michel Thuaul – Asociación Campesina (Francia).
Vemund Olsen – Human Rights Everywhere (Noruega).
Carmen Maria Lang – Ayuda Popular Noruega (América Latina).
Philippe Matray - Cooperante Belga (Bélgica).
Nieves Laborda – Presidenta, Acción Solidaria Aragonesa (España).
José Antoio Gutiérrez – Latin American Solidarity Centre (Irlanda).
Dunja Van Kleef – Fucai (Holanda).
Dag Kavlie – Universidad de Bergen (Noruega).