CHICOS CON CAUSAS PENALES VAN A ESTUDIAR EN LUGAR DE IR PRESOS

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-75296-2006-10-29.html
publicado en Página/12
fecha: domingo 29 octubre 2006
difundido por RIMA - Red Informativa de Mujeres de Argentina

El juzgado que hace escuela

Son adolescentes en conflicto con la ley. La mayoría tiene causas
por robo. Una jueza de Florencio Varela eligió un método diferente
para tratar sus casos: en vez de encerrarlos en institutos, los
manda a clases. Todos los días por la tarde, la sala de espera del
juzgado se convierte en aula. La Corte provincial reveló que el
índice de reincidencia de esos chicos es bajísimo.

Por Mariana Carbajal

En una experiencia inédita, el Tribunal de Menores Nº 3 de Florencio
Varela convierte todas las tardes una sala de espera en un aula de
escuela, adonde concurren adolescentes con causas penales, como
parte de un programa de medidas alternativas a la privación de la
libertad. En lugar de enviarlos a una institución cerrada a cumplir
una condena, como ocurre habitualmente, la jueza María Silvia
Oyhamburu -idéologa de la iniciativa- les impone la obligación de
aprender un oficio y terminar la escolaridad, con un sistema de
acompañamiento con operadores comunitarios que funcionan como
tutores de los chicos. Las estadísticas del juzgado, difundidas por
la Suprema Corte Bonaerense, demuestran que la reincidencia con este
régimen resulta bajísima: apenas el 13,3 por ciento de los pibes ha
sido imputado de un nuevo delito, frente a un 67,4 por ciento de los
que fueron castigados con el encierro en un instituto de menores. Se
trata del tribunal de Menores con más causas en trámite de toda la
provincia de Buenos Aires. Actualmente tiene 10.163: 1374, penales y
8789, asistenciales.

Son las tres de la tarde del jueves 12. La casita de techo de chapa
y paredes gris celestón que por la mañana es sala de espera del
Tribunal de Menores Nº 3 de Florencio Varela ya está transformada en
aula: en el medio hay una mesa rectangular y a cada lado se ubican
los alumnos. Hoy hay ocho. Pero otros días suele haber más. Tienen
entre 16 y 19 años. Todos están imputados de algún delito, en la
mayoría de los casos robo o hurto. Todos están cumpliendo desde hace
aproximadamente dos años medidas alternativas al encierro, que
incluyen el aprendizaje de un oficio como mecánica o electricidad. Y
desde agosto, cuando se creó la escuela por iniciativa de la jueza
Oyhamburu y su equipo técnico, el tribunal les sumó como obligación
la asistencia a clases.

Sobre una mesada se apoya un pizarrón. A un costado de la flamante
aula, hay un pequeño mástil con la bandera argentina. En una de las
paredes cuelgan varias láminas alusivas al Día de la Raza:
justamente sobre ese tema están hablando con Estela, la maestra.

-¿Para que vinieron los españoles a América? -les pregunta la
docente.

-Se quieren llevar de esclavos a los indios pero los indios no
quieren -responde uno de los estudiantes. Todos son varones.

-Si viene con otro negro, le pone una escopeta y se lo lleva -acota
otro de los adolescentes.

Se muestran interesados, entusiasmados con la clase. Algunos
participan más que otros, como en cualquier aula. La maestra les
sigue haciendo preguntas, tratando de reconstruir con sus palabras
cómo fue el enfrentamiento entre conquistadores y aborígenes,
quinientos años atrás.

-Déle, profe, ¿cuándo hacemos algo? -la interpela uno de los chicos.

-Les parece que hablar es no hacer nada -retruca ella.

Derecho vulnerado

La jueza Oyhamburu está al frente del Tribunal de Menores Nº 3 de
Varela desde mayo de 2002, cuando se creó como juzgado
descentralizado del Departamento Judicial de Quilmes. El tribunal
funciona en una de las casonas más antiguas del partido, rodeadas
por una manzana de parque arbolado, a metros de las vías del tren,
en la avenida Cabello, entre Perón y Sarmiento. Para Oyhamburu, la
designación al frente del juzgado fue su puerta de ingreso a la
carrera judicial después de una larga trayectoria en el área de
minoridad en los ámbitos municipal, provincial y legislativo. Además
de abogada, es asistente social. Y, parece, ha logrado conjugar sus
dos profesiones a la hora de administrar justicia con jóvenes.

El proyecto de la escuela se lleva adelante con la colaboración de
la Dirección de Educación de Adultos de la provincia, que designó a
la docente, y el municipio de Florencio Varela, que se encarga de
contratar a los operadores comunitarios tutores de los chicos.

-¿Por qué decidieron crear una escuela en el juzgado? -le preguntó
Página/12.

-Por una necesidad. La mayoría de los chicos encausados no han
terminado la EGB y observamos que son discriminados en escuelas de
adultos por tener antecedentes penales. Está claro que lo ideal
sería que estos chicos se incorporen a una escuela común, aclaro
esto porque si no parece que fomentamos guetos: alguien podría
entender que los marginamos y estigmatizamos más. Pero también hay
una realidad: lamentablemente nos ha pasado que padres de alumnos o
los mismos adultos de otras escuelas los terminan expulsando. Y hay
que tener en cuenta que son chicos que demandan mayor seguimiento.
Están familiarizados con el delito y por esa razón necesitan un
abordaje y una atención personalizada. Son chicos que no tienen
incorporadas pautas sociales, por ejemplo, de ir a la escuela. En la
mayoría de los casos, en una escuela común desertan. Creo que la
Justicia tiene que ocuparse de otras cosas, pero estando el derecho
a la educación de estos chicos vulnerado, no podemos hacer oídos
sordos. La Convención Internacional de los Derechos del Niño nos
interpela -fundamenta su proyecto Oyhamburu.

Está lejos del estereotipo de una jueza. No habla con solemnidad ni
dictando sentencia. Esta mujer campechana, atractiva, de ojos color
miel, encabeza el Tribunal de Menores con más causas en trámite de
toda la provincia (y se podría suponer, de todo el país), según las
estadísticas de la Suprema Corte Bonaerense: tiene abiertas 1374
causas penales y 8789 asistenciales (cuando el chico es víctima de
algún delito), de acuerdo con los cómputos actualizados a fines de
septiembre. Y ella aclara: "Cada causa penal es por un hecho
delictivo, puede tener un solo imputado o varios; cada causa
asistencial, en general, es por grupo de hermanos". De modo que bajo
su responsabilidad podría estimarse que están los destinos de no
menos de diez mil pibes.

Entusiasmo

De los que tienen causas penales en el tribunal de Oyhamburu, la
casi totalidad de los adolescentes tiene la EGB incompleta. Ocho de
cada diez cumple medidas alternativas a la privación de la libertad.
El 20 por ciento restante está bajo tratamiento en una institución
de régimen cerrado (30 por ciento) y de régimen abierto (70 por
ciento).

Un muestreo de los expedientes del tribunal habla del buen resultado
que ha obtenido el juzgado con la aplicación de
sanciones "socioeducativas": sólo el 13,3 por ciento ha reincidido
en la comisión de un nuevo delito. Entre los que están privados de
la libertad en alguna institución, ese porcentaje trepa al 67,4 por
ciento. Además, el juzgado registra un índice de fuga de institutos
cerrados del 58 por ciento.

-¿Cuál es su criterio a la hora de imponer una sanción alternativa a
la pena privativa de libertad en una institución?

-La privación de la libertad debe ser el último recurso. Más allá de
que en la provincia de Buenos Aires sigamos con una legislación con
un paradigma obsoleto (todavía rige la ley de Patronato derogada a
nivel nacional hace un año), existe la Convención Internacional de
los Derechos del Niño, que nos ofrece un montón de herramientas para
establecer ese criterio. Es un mandato legal que debo aplicar porque
la Convención tiene rango constitucional. En los casos de delitos
graves, como homicidio, no aplicamos medidas alternativas a la
privación de libertad. Para recibir una sanción de ese tipo tiene
que ser primario en el delito. Si entendemos que son personas en
desarrollo, la intervención del Estado tiene que ser diferente que
frente a un delito cometido por un adulto. Tiene que ser una sanción
socioeducativa. La gradualidad del hecho determina el tiempo de la
medida -explica la magistrada.

Cuando se impone la pena alternativa al encierro en un instituto de
menores, en el juzgado de Ohyamburu buscan que un adulto, ya sea un
abuelo, una tía, o un vecino, se responsabilice por el
adolescente. "Tratamos de que sea un referente para el chico. En
función del delito y de las características familiares y sociales,
se aplica la sanción", señala la jueza. Además, peritos del tribunal
evalúan si el joven necesita un tratamiento psicológico y en ese
caso, lo derivan a un centro donde pueda recibirlo.

En 2004, este juzgado fue elegido (junto con otro de Entre Ríos)
para desarrollar un programa de libertad asistida auspiciado por la
ONU y que se replica en otros cuatro países. Para ello se firmó un
convenio con la Suprema Corte Bonaerense y el municipio de Florencio
Varela, que se encarga de reclutar a los operadores comunitarios que
ofician de tutores de los chicos para acompañar el seguimiento de la
medida alternativa a la privación de libertad. Cada operador tiene
uno o dos adolescentes bajo su mirada. Para los pibes, los tutores
se convierten en verdaderos pilares en sus vidas. En algunos casos,
son el adulto que nunca tuvieron al lado para darles contención.
Como en el caso de Hugo, de 19 años, uno de los alumnos de la
escuela del tribunal. "Yo nunca tuve los consejos de nadie, nunca
nadie me dijo nada. Mi viejo no sé dónde está ni sé quién es. Yo
tengo el apellido del que supuestamente dice que no es mi padre. Mi
vieja cayó en cana cuando yo era pibe. La madre de un chico del
barrio me aconsejó bastante", dice el adolescente con una causa
penal en trámite, a quien la jueza Oyhamburu le aplicó una
sanción "socioeducativa" que lo obliga a estudiar y aprender un
oficio. Sobre Fabiana, su tutora, agrega: "Es remacanuda, me
rehabla, me da consejos. Cada dos por tres me reta pero está bien,
porque tiene sus razones" (ver aparte).

En la escuela del juzgado, además de continuar con la escolaridad,
aprenden computación, hacen actividad física y participan de
talleres de reflexión donde a partir de distintas técnicas abordan
problemáticas comunes.

Actualmente tienen que ir a clase alrededor de 30 adolescentes con
causas penales, como parte de la "condena" impartida en el juzgado.

-¿Qué pasó que hoy hay sólo ocho? -le preguntó a Ohyamburu
Página/12, en relación con la cantidad de alumnos el día de la
visita al tribunal.

-No nos sirve de nada que vengan por la fuerza. Los chicos están
incorporando pautas y la idea es trabajar con cada uno para lograr
que finalmente venga todos los días. Los mecanismos tradicionales
con estos chicos no resultan. Además, también tienen que aprender un
oficio.

-A dos meses de la creación de la escuela, ¿qué evaluación hace de
la experiencia?

-Desde los chicos vemos mucho entusiasmo. Ellos mismos nos
dicen: "Ya no estoy en la esquina tomando cerveza". Están contentos
porque están aprendiendo. Dicen que en el barrio los aceptan más,
que se sienten menos discriminados. Y tenemos padres que también nos
han planteado que quieren incorporarse a la escuela.

Subnotas

El llanto en el pasillo

En el pasillo, frente a la puerta del despacho de la jueza María
Silvia Oyhamburu, en el primer piso de la antigua casaquinta donde
funciona el Tribunal de Menores Nº 3 de Varela, espera una mujer de
juventud gastada, bastante gorda, de pechos caídos casi hasta la
cintura, seguramente, de tanto amamantar. Ya terminó el horario de
los tribunales, pero la mujer -que no debe llegar a los 30 años,
pero aparenta muchos más- espera. De pronto, se escucha un grito
ahogado en llanto y sollozos. Es ella. Personal del tribunal le
acaba de comunicar que le van a sacar la custodia de sus siete
hijos, que han sido víctimas de abusos sexuales graves. "No nos
queda otra alternativa -explica Oyhamburu a Página/12, como
justificando la difícil decisión- porque tenemos una mamá que no
cuida a sus hijos y colabora con el abusador, que es el padre de los
chicos. Se ordenó la exclusión del hogar del padre en dos
oportunidades, pero el hombre vuelve y ella no lo denuncia. Los
siete hermanitos quedarán en un principio bajo la custodia de un
hogar alternativo mientras que el tribunal trata de ubicar algún
familiar que se pueda hacer cargo de ellos hasta que avance la causa
penal contra el abusador."

Blumberg

Al ser consultada sobre las ideas que promueve Juan Carlos Blumberg,
en particular para reprimir a los menores que cometen delitos, la
jueza María Silvia Oyhamburu dijo:

-Hay que diferenciar la opinión de las víctimas o familiares de
víctimas de hechos de violencia. Es entendible la opinión que puedan
tener. Pero las causas de la delincuencia son innumerables. Hay que
trabajar mucho en prevención y educación y en satisfacer los
derechos de los jóvenes. No hay determinismo: las personas no nacen
delincuentes. La delincuencia es un emergente.

TESTIMONIOS DE LOS CHICOS EN LA ESCUELA
"Pensé que iba preso"

Por M. C.

"El primer día, cuando me trajeron al juzgado pensé que me iban a
meter adentro. Después me dijeron que estaba libre: tenía ganas de
llorar... Me cansé de perder muchas veces, porque siempre iba en
cana... Robaba. Todo para tener para la droga, para el escabio.
Ahora dejé todo. La hija de mi mujer me hizo cambiar mucho. Mi mujer
me ayuda bastante. Vengo a la escuela, estudio, trabajo en una
quinta..." Hugo casi se emociona con el relato. Tiene 19 años y es
uno de los ex pibes chorros que recibió una sanción "socioeducativa"
de parte de la jueza de Florencio Varela, María Silvia Oyhamburu,
como medida alternativa al encierro en un instituto de menores.

Hugo, Andrés y Javier (sus nombres son ficticios para proteger su
identidad) se conocieron hace dos meses en la escuela del tribunal,
pero desde hace aproximadamente dos años están cumpliendo, cada uno
por su lado, una "condena" que los obliga además a aprender un
oficio.

Sus historias son disímiles, con algunos eslabones comunes como el
hecho de haber robado y haber sido detenidos.

Hugo se crió casi solo, sin familia. Abandonó la escuela en noveno
año. "Yo dejé por las juntas que tenía. Ahora me dieron esta
oportunidad de terminar la escuela y la voy a terminar. Con el
estudio se consigue trabajo y podés laburar en cualquier lado", dice
con convicción. Ahora está trabajando de quintero. Lo que le dio el
empujón para dejar "aquella vida" fue su pareja y la hija de ella,
de 4 años: "Mi señora y la nena me hicieron cambiar mucho". De las
clases, lo que más le gusta es aprender computación.

Andrés tiene 18 años y es hincha de San Lorenzo. Su mamá falleció.
Tiene ocho hermanos. Dejó la escuela en octavo año de la EGB: "Yo
trabajaba de ayudante de albañil, tenía que ayudar a mi viejo, por
eso dejé de estudiar", cuenta a Página/12.

Javier también tiene 18 y es el mayor de cuatro hermanos: en quinto
grado abandonó el aula: "Por problemas que tuvo mi viejo tuve que
empezar a laburar de chiquito para que no se cague de hambre mi
familia".

Los tres viven en distintos barrios de Florencio Varela. "A mí me
gusta venir a la escuela porque además te cagás de risa", acota
Andrés. Trabaja como oficial de albañil y cuando no le sale ninguna
changa, estudia mecánica. "Antes yo tenía otra vida. Ahora se me
presentó esta oportunidad de ir a estudiar y la estoy aprovechando y
también estoy aprendiendo un oficio de soldador", cuenta Javier.
Dicen los tres que los tutores que les asignó el tribunal los ayudan
mucho. "El mío se llama Cristian, es bueno, me habla", dice Andrés.
El de Javier también se llama Cristian. "Me ayuda, claro que me
ayuda. Va a mi casa, hablamos, tomamos mate. Si tengo un problema lo
arreglo siempre con él", cuenta Javier.

Hugo dejó las drogas y el alcohol.

-Te cuesta, te lleva un buen tiempo dejar, pero si uno quiere dejar
por su propia cuenta, la deja -aclara.

-Si vos te drogás y no tenés más, el cuerpo te pide y no tenés
plata. Al que vende ya lo tenés cansado, ya no te fía, llega un
punto que te tenés que ir a hacer una cagada -dice Javier.

-¿A vos te pasó eso? -le preguntó esta cronista.

-No, yo nunca me drogué. Pero tengo conocidos... una noche estábamos
con unos amigos en una esquina y mi mamá me fue a buscar porque ya
eran como las tres de la mañana y yo no volvía. Yo me fui, pero mis
dos amigos, que no tenían más plata para droga, fueron y agarraron a
un chabón y casi lo mataron. Y ahora tengo uno de esos amigos en
Olmos. Si yo hubiera estado en la pelota esa, no se dónde estaba
ahora, pero justo me fue a buscar mi mamá. El otro pendejo zafó:
está en Corrientes, lo andan buscando. Yo ya estoy cambiado, ya no
voy a volver a estar con ellos.

-Encima si entran (a la cárcel), salen peor -opina Andrés.

-Yo tuve primos y tíos que estuvieron (en prisión) y más o menos me
contaron cómo es adentro -dice Javier.

Javier y Hugo tienen amigos que han muerto en enfrentamientos con la
policía. Y hablan de los estragos que hace la droga, especialmente
el paco, en los barrios humildes del conurbano.

-Gracias a Dios esa droga no llegó todavía a mi barrio, pero donde
yo vivía (hasta hace algunos años), la Villa Itatí, sí, está llena
de transas. Mi vieja dijo que menos mal que nos mudamos porque ella
no sabía cómo iba a ser yo ahora. Porque yo tengo a mis primos en
Villa Itatí que están todos arruinados. En la villa vos empezás con
el poxi, con el porro, con todo. Ahora el paco es furor porque
cuesta un peso. Vos colgás un toallón y los paqueros pasan y te lo
roban. Tengo un amigo que compra metales y un día como a las ocho de
la noche viene un pibe con una olla eléctrica, de esas que enchufás
y hacen guiso. Estaba caliente la olla. La pesa: tres kilos de
aluminio. Le pagó cinco pesos. A la hora, hora y media, viene un
chabón de la villa, caliente, diciendo que los paqueros estaban
rezarpados, que le habían robado una olla y encima, nos cuenta,
estaba cocinando. La desenchufaron, le tiraron la comida, así sucia
la vendieron. Esa olla la había comprado mi amigo el metalero. Tengo
un primo que está piel y hueso, la mujer lo dejó porque ella quiere
progresar y él está refundido, no tiene ánimo para nada: tiene ánimo
para hacer el movimiento este nada más (y Javier mueve el brazo como
llevándose una pipa de paco a la boca).