Fin a la violencia contra la mujer: Hechos, no palabras Informe del Secretario General ONU

Fin a la violencia contra la mujer: Hechos, no palabras Informe del
Secretario General
La violencia contra la mujer es una forma de discriminación y una violación
de los derechos humanos.
Causa sufrimientos indecibles, cercena vidas y deja a incontables mujeres
viviendo con dolor y temor en todos los países del mundo.
Causa perjuicio a las familias durante generaciones, empobrece a las
comunidades y refuerza otras formas de violencia en las sociedades.
La violencia contra la mujer les impide alcanzar su plena realización
personal, restringe el crecimiento económico y obstaculiza el desarrollo.
La generalización y el alcance de la violencia contra la mujer ponen de
manifiesto el grado y la persistencia de la discriminación con que siguen
tropezando las mujeres. Por consiguiente, sólo se puede eliminar tratando de
eliminar la discriminación, promoviendo la igualdad y el empoderamiento de
la mujer y velando por el pleno ejercicio de los derechos humanos de la
mujer.
Toda la humanidad saldría beneficiada si se pusiera fin a este tipo de
violencia, ya que se han logrado grandes progresos en la creación del marco
internacional para lograrlo. Sin embargo, han surgido nuevas formas de
violencia y, en algunos países, se ha producido un retroceso en los avances
hacia la igualdad y la ausencia de violencia que había logrado ya la mujer o
están en una situación precaria.
El predominio constante de la violencia contra la mujer es una demostración
de que los Estados todavía no han encarado el problema del compromiso
político, la visibilidad y los recursos necesarios.
La violencia contra la mujer no es invariable ni inevitable y podría
reducirse radicalmente y llegar a eliminarse, con la voluntad política y los
recursos necesarios. En el presente estudio se señalan las vías para
eliminar las diferencias entre las obligaciones contraídas por los Estados
en virtud de las normas, reglas y políticas internacionales y la forma
indebida e irregular en que se aplican a nivel nacional.
Para lograrlo habrá que realizar esfuerzos de manera que la erradicación de
la violencia contra la mujer llegue a ser una prioridad máxima en los planos
local, nacional e internacional.
Generalidades La violencia contra la mujer pasó del plano privado al dominio
público y al ámbito de responsabilidad de los Estados, en gran medida,
debido a la labor de base de las organizaciones y movimientos de mujeres en
todo el mundo.
Gracias a esa labor se puso al descubierto el hecho de que la violencia
contra la mujer no es el resultado de la falta de ética personal u
ocasional, sino que está más bien profundamente arraigada en las relaciones
estructurales de desigualdad entre el hombre y la mujer.
La interacción entre la defensa de los derechos de la mujer y las
iniciativas de las Naciones Unidas ha sido el motor impulsor de la
definición de la violencia contra la mujer como cuestión de derechos humanos
en el programa internacional.
Se han logrado importantes progresos en la elaboración y aprobación de
reglas y normas internacionales.
En los instrumentos jurídicos y normativos internacionales y regionales se
han esclarecido las obligaciones de los Estados de prevenir, erradicar y
castigar la violencia contra la mujer.
Sin embargo, en todo el mundo hay Estados que no están cumpliendo los
requisitos del marco jurídico y normativo internacional.
Causas y factores de riego
Las raíces de la violencia contra la mujer están en la desigualdad histórica
de las relaciones de poder entre el hombre y la mujer y la discriminación
generalizada contra la mujer en los sectores tanto público como privado.
Las disparidades patriarcales de poder, las normas culturales
discriminatorias y las desigualdades económicas se han utilizado para negar
los derechos humanos de la mujer y perpetuar la violencia.
La violencia contra la mujer es uno de los principales medios que permiten
al hombre mantener su control sobre la capacidad de acción y la sexualidad
de la mujer. En el amplio contexto de la subordinación de la mujer, los
factores concretos que causan la violencia son el uso de la fuerza para
resolver conflictos, las doctrinas sobre la intimidad y la inercia de los
Estados.
Los patrones de conducta personales y familiares, incluidos los antecedentes
de malos tratos, se han relacionado también con un aumento del riesgo de
violencia. La violencia contra la mujer no se limita a una cultura, región o
país en particular, ni a grupos específicos de mujeres dentro de una
sociedad.
Las diferentes manifestaciones de esa violencia y las experiencias
personales de las mujeres dependen, no obstante, de factores como el origen
étnico, la clase social, la edad, la orientación sexual, la discapacidad, la
nacionalidad y la religión.
Sinopsis Formas y consecuencias
Existen muchas formas diferentes de violencia contra la mujer: física,
sexual, psicológica y económica.
Algunas cobran más importancia, mientras que otras las van perdiendo a
medida que las sociedades experimentan cambios demográficos,
reestructuración económica y transformaciones sociales y culturales.
Por ejemplo, las nuevas tecnologías pueden generar nuevas formas de
violencia, como el acoso por internet o por teléfonos móviles.
Algunas formas, como la trata internacional y la violencia contra las
trabajadoras migratorias, trascienden las fronteras nacionales.
Las mujeres son blanco de la violencia en muy diversos contextos, incluida
la familia, la comunidad, la custodia del Estado y el conflicto armado y sus
resultados.
La violencia es una constante en la vida de las mujeres, desde antes de
nacer hasta la vejez y afecta a todos los sectores tanto público como
privado.
La forma más común de violencia experimentada por la mujer en todo el mundo
es la violencia ejercida por su pareja en la intimidad, que a veces culmina
en su muerte. Muy generalizadas también están las prácticas tradicionales
perjudiciales, como el matrimonio precoz y forzado y la mutilación genital
femenina.
En el seno de la comunidad, se presta cada vez más atención al femicidio
(asesinato de mujeres por motivos de sexo), la violencia sexual, el acoso
sexual y la trata de mujeres.
La violencia ejercida por el Estado, por medio de sus agentes, por omisión o
mediante la política pública, abarca la violencia física, sexual y
psicológica, y puede constituir tortura.
Se ha hecho cada vez más evidente el gran número de casos de violencia
contra la mujer en los conflictos armados, en particular la violencia
sexual, incluida la violación. La violencia contra la mujer tiene
consecuencias de largo alcance tanto para ella como para sus hijos y la
sociedad en su conjunto.
La mujer que es objeto de violencia padece muy distintos problemas de salud
y disminuye su capacidad para obtener ingresos y participar en la vida
pública.
Sus hijos corren muchos más riesgos de tener problemas de salud, bajo
rendimiento escolar y trastornos de la conducta. La violencia contra la
mujer empobrece a las mujeres y a sus familias, comunidades y naciones.
Reduce la producción económica, drena recursos de los servicios públicos y
los empleadores y disminuye la formación de capital humano.
Pese a que hasta en los estudios más exhaustivos realizados hasta la fecha
se han subestimado los costos, todos indican que son graves las
consecuencias económicas de no abordar el problema de la violencia contra la
mujer.
La base de conocimientos
Hay pruebas incontrovertibles de que la violencia contra la mujer es grave y
está generalizada en todo el mundo: en 71 países se ha llevado a cabo al
menos un estudio sobre la violencia contra la mujer.
Sin embargo, todavía existe la necesidad urgente de fortalecer la base de
conocimientos para documentar la formulación de políticas y estrategias.
Muchos países carecen de datos fiables y es imposible establecer
comparaciones significativas de la mayor parte de la información con que se
cuenta.
Pocos países recopilan datos periódicamente, lo que les permite medir los
cambios que se producen al cabo de un determinado período.
Es una necesidad imperiosa contar con información sobre la manera en que las
distintas formas de violencia afectan a los diferentes grupos de mujeres;
esto requiere datos desglosados por factores como la edad y el origen
étnico.
Hay poca información que permita evaluar las medidas adoptadas para combatir
la violencia contra la mujer y determinar sus consecuencias.
Asegurar que se recopilen datos suficientes es parte de la obligación de
cada Estado de abordar la cuestión de la violencia contra la mujer, pero la
falta de datos no exime a los Estados de su responsabilidad de prevenir y
eliminar la violencia contra la mujer.
Se debería establecer un conjunto de indicadores internacionales sobre la
violencia contra la mujer, basado en datos fiables y accesibles recopilados
a nivel nacional, utilizando métodos comparables para definir y medir la
violencia.
Responsabilidad de los Estados
Los Estados tienen obligaciones concretas y claras de abordar la cuestión de
la violencia contra la mujer, ya sea que la ejerzan agentes del Estado como
otros agentes. Los Estados tienen que responder ante las propias mujeres,
ante todos sus ciudadanos y la comunidad internacional.
Los Estados tienen el deber de prevenir actos de violencia contra la mujer;
investigarlos cuando ocurran y enjuiciar y castigar a los perpetradores; así
como de ofrecer reparación y socorro a las víctimas.
Si bien las distintas circunstancias y limitaciones obligan al Estado a
adoptar diferentes tipos de medidas, esto no justifica la inacción del
Estado.
Sin embargo, muchos Estados en todo el mundo no aplican a cabalidad las
normas internacionales relativas a la violencia contra la mujer.
Cuando el Estado no exige responsabilidades a los perpetradores de la
violencia, no sólo alienta la comisión de nuevos actos de esa índole, sino
que da a entender que la violencia que ejerce el hombre contra la mujer es
aceptable o normal.
El resultado de esa impunidad no es sólo la negación de la justicia a las
distintas víctimas /sobrevivientes, sino que refuerza las desigualdades
predominantes que afectan a otras mujeres y niñas también.
Prácticas prometedoras Muchos Estados han establecido prácticas acertadas y
prometedoras para prevenir o contrarrestar la violencia contra la mujer. Las
estrategias estatales para hacer frente a la violencia deberían promover la
capacidad de acción de la mujer y basarse en las experiencias y la
participación de las mujeres, así como en la asociación con las ONG y otros
agentes de la sociedad civil.
Las ONG de mujeres en muchos países han emprendido proyectos y programas
innovadores, en ocasiones en colaboración con el Estado. Los aspectos
genéricos de las prácticas acertadas y prometedoras se pueden extraer de muy
diversas experiencias acumuladas en todo el mundo.
Son principios comunes: la promulgación de políticas y leyes inequívocas; el
establecimiento de poderosos mecanismos para el cumplimiento de la ley;
personal motivado y bien preparado; la participación de muchos sectores; y
la colaboración directa con los grupos de mujeres de la localidad, las
organizaciones de la sociedad civil, los círculos académicos y los
profesionales.
Muchos gobiernos se valen de planes de acción nacionales, que incluyen
medidas jurídicas, prestación de servicios y estrategias de prevención, para
abordar la violencia contra la mujer.
Las más eficaces son la consulta con los grupos de mujeres y otras
organizaciones de la sociedad civil, plazos y parámetros definidos,
mecanismos transparentes para supervisar la aplicación, indicadores del
impacto y evaluación, corrientes de fondos previsibles y suficientes e
integración de las medidas para tratar de dar solución a la violencia contra
la mujer en programas de distintos sectores.
El camino a seguir: cuestión de prioridades La violencia contra la mujer es
compleja y diversa en sus manifestaciones.
Su eliminación obliga a los Estados, a las Naciones Unidas y a todos los
interesados directos a adoptar medidas amplias y sistemáticas. Las
comunidades locales también tienen la responsabilidad de abordar el problema
de la violencia contra la mujer y para ello deben recibir asistencia.
Corresponde a los hombres desempeñar una función, sobre todo de prevención
de la violencia, y esa función debe seguir examinándose y fortaleciéndose.
Hacen falta mecanismos institucionales estables a nivel nacional e
internacional para asegurar la aplicación de medidas, la coordinación, la
vigilancia y la responsabilidad. .
Los Estados deben adoptar medidas urgentes y concretas para garantizar la
igualdad entre el hombre y la mujer y proteger los derechos humanos de la
mujer
La violencia contra la mujer es la causa y, a la vez, la consecuencia de la
discriminación contra la mujer.
Los Estados tienen la obligación de respetar, proteger, promover y facilitar
el ejercicio de todos los derechos humanos, incluido el derecho de la mujer
a no ser discriminada.
Cuando esto no ocurre se ejerce y se exacerba la violencia contra la mujer.
Por ejemplo, si los Estados permiten que las leyes discriminatorias sigan en
vigor, o si en las leyes no se consideran delito ciertas formas de violencia
contra la mujer, estos actos se cometerán con toda impunidad. .
El ejercicio de la dirección es esencial para poner fin a la violencia
contra la mujer Es fundamental ejercer la dirección a todos los niveles
(local, nacional, regional e internacional) y por todos los sectores
(incluidos los políticos y los funcionarios públicos, los formadores de
opinión, los dirigentes empresariales, las organizaciones de la sociedad
civil y los dirigentes comunitarios). .
Los Estados deberán hacer compatibles las normas internacionales y las
leyes, políticas y prácticas nacionales
El fin de la impunidad y la exigencia de responsabilidades por la violencia
contra la mujer son fundamentales para prevenir y reducir esa violencia. La
impunidad por el ejercicio de la violencia contra la mujer (tanto por los
agentes del Estado o por otras personas) se produce cuando los Estados no
aplican las normas internacionales a nivel nacional y local.
Los Estados tienen la responsabilidad de actuar con la debida diligencia
para prevenir la violencia contra la mujer; investigar esos actos; enjuiciar
y castigar a los perpetradores, sean o no agentes del Estado; y asegurar que
se proporcione reparación para las víctimas. .
Los Estados deberían crear y mantener estrategias multisectoriales
coordinadas a nivel nacional y local Para poner fin a la violencia contra la
mujer no sólo hay que demostrar compromiso político sino adoptar medidas
sistemáticas y sostenidas apoyadas por mecanismos institucionales poderosos,
dedicados y permanentes.
Los Estados deberían apoyarse en la labor que realizan las organizaciones no
gubernamentales (ONG), intensificarla e institucionalizarla y compartir esas
experiencias con otros países. .
Los Estados deberían asignar recursos y financiación suficientes a los
programa destinados a tratar de resolver y reparar los casos de violencia
contra la mujer
Si no se pone freno a esta violencia los costos sociales, políticos y
económicos serán enormes, lo que obligará a realizar inversiones
proporcionales en la seguridad de la mujer.
Dicho esfuerzo requiere un aumento de la voluntad política expresada
mediante una mayor aportación de recursos financieros y humanos.
Sectores como la justicia, la salud, la vivienda y la educación son
fundamentales para ayudar a la mujer que sobrevive a la violencia a tener
acceso a los servicios jurídicos, de salud y sociales eficaces, así como
para intensificar la labor de prevención. .
Se debería fortalecer la base de conocimientos sobre todas las formas de
violencia contra la mujer para documentar la formulación de políticas y
estrategias
Es muy poca la información que permita determinar y evaluar las políticas y
prácticas que son más eficaces.
Los gobiernos deberían asumir la responsabilidad de recopilar y publicar
datos sistemáticamente, incluso de apoyar a las ONG, los círculos académicos
y otros que participan en esas actividades.
El sistema de las Naciones Unidas puede hacer mucho para fortalecer la
capacidad de los Estados para recopilar, procesar y difundir los datos sobre
la violencia contra la mujer.
Como cuestión prioritaria, se debería convocar un grupo de trabajo de las
Naciones Unidas encargado de elaborar un conjunto de indicadores
internacionales para evaluar la frecuencia de los casos de violencia contra
la mujer y las consecuencias de las diferentes intervenciones.
En un período de siete años se podría establecer una base de datos
comparables a nivel internacional sobre la violencia física ejercida por la
pareja íntima. .
Las Naciones Unidas deben asumir una función de dirección más firme, mejor
coordinada y más visible para abordar la violencia contra la mujer
En particular, la Asamblea General debería examinar la cuestión de la
violencia contra la mujer todos los años y el Consejo de Seguridad debería
examinar la posibilidad de establecer un mecanismo de vigilancia de esta
cuestión en el marco de la resolución 1325 sobre la mujer, la paz y la
seguridad, para aumentar su contribución a la prevención y reparación de los
casos de violencia contra la mujer.
Otros órganos intergubernamentales deberían contribuir asimismo a la
eliminación de la violencia contra la mujer en el marco de sus mandatos.
La Asesora Especial del Secretario General en Cuestiones de Género y
Adelanto de la Mujer debería encabezar los esfuerzos de las Naciones Unidas,
asumiendo el liderazgo y la coordinación. En las actividades operacionales
de las Naciones Unidas se debería atribuir también la máxima prioridad a
nivel nacional a la búsqueda de soluciones para la violencia contra la
mujer, incluso en las misiones de asistencia humanitaria y de mantenimiento
de la paz. .
Deberían aumentar significativamente los recursos asignados por medio del
sistema de las Naciones Unidas para abordar la violencia contra la mujer Los
Estados, los donantes y las organizaciones internacionales deberían prestar
más apoyo financiero a la labor sobre la violencia contra la mujer en los
organismos y programas de las Naciones Unidas.
Se debe asignar máxima prioridad a la violencia contra la mujer a todos los
niveles; todavía no tiene la prioridad requerida para facilitar un cambio
significativo. Es fundamente que se asuma la dirección. Se puede lograr
mucho con voluntad política, pero también hace falta una inversión
considerable de recursos y una asistencia constante, sobre todo a los países
menos adelantados y los países que acaban de salir de un conflicto.
Hace falta que todos los agentes, entre ellos, los gobiernos, la comunidad
internacional y la sociedad civil, apliquen un criterio más cohesivo y
estratégico. . . .
Para más información sírvase visitar: http://www.un.org/womenwatch/daw/vaw