Inmovilidad de gobierno para castigar abuso sexual a mujeres

--Pide AI intervención de la FEVIM por el caso Atenco

Por Gladis Torres Ruiz

México, 5 oct 06 (CIMAC).- Amnistía Internacional (AI) denunció hoy la
inmovilidad del gobierno mexicano para castigar a los policías que
golpearon y abusaron sexualmente de 23 mujeres arrestadas en mayo pasado en
San Salvador Atenco, así como de los constantes fallos de las autoridades
del Estado de México para investigar eficazmente las denuncias de abuso.

En un informe difundido hoy en su página de Internet, el organismo
internacional evidenció la inmovilidad del gobierno del presidente Vicente
Fox para investigar los sucesos del pasado 3 y 4 de mayo en San Salvador
Atenco, Estado de México.

En esa fecha, unos 3 mil policías retomaron el control del poblado -en
manos de manifestantes- y detuvieron a 211 personas, entre quienes se
encontraban 47 mujeres de las cuales 23, incluyendo 4 extranjeras dos
españolas, una chilena y una alemana, fueron torturadas, golpeadas y la
mayoría violadas por los policías tanto estatales como federales.

De igual manera AI exhortó a las autoridades federales a que se encarguen
de las investigaciones de al menos 23 informes de abusos sexuales cometidos
por las fuerzas de seguridad en San Salvador Atenco durante las operaciones
policiales que se desarrollaron en esa localidad hace cinco meses, y que
se garantice justicia para las víctimas.

El informe destaca que dada la seriedad de los delitos cometidos en contra
de las mujeres y los constantes fallos de las autoridades del Estado de
México, donde se ubica San salvador Atenco, es necesario que la Fiscalía
Especial para la Atención de Delitos Relacionados con Actos de Violencia
contra las Mujeres en el País (FEVIM), se encargue del caso.

En virtud de que las autoridades del Estado de México no sólo no han
investigado seriamente las acusaciones de las mujeres, que afirman haber
sido víctimas de abusos sexuales cometidos por agentes de policía mientras
estaban bajo su custodia, sino que incluso han ocultado los indicios de
tales abusos, argumenta AI.

Kerrie Howard, directora adjunta del Programa Regional para América de AI,
dijo que las "autoridades del estado han hecho recaer la carga de la prueba
en las víctimas, al tiempo que tratan de desacreditar sus acusaciones. El
conflicto de intereses y la falta de imparcialidad, evidentes en las
investigaciones que se están realizando a nivel estatal, es una fórmula
para la impunidad".

"Estos delitos son actos de tortura según el derecho internacional, y las
autoridades deben garantizar que los responsables rindan cuentas", añadió
Kerrie Howard.

Además de enfatizar que "este caso es tal vez la última oportunidad de la
administración Fox para demostrar su compromiso de acabar con la impunidad
de la violencia contra las mujeres y cumplir con sus obligaciones de
derechos humanos en el ámbito nacional".

Varias de las víctimas dijeron a la delegación de AI que las autoridades
del estado de México les negaron su derecho a presentar las querellas
criminales y la atención médica y psicológica adecuada, algo esencial para
asegurar pruebas fundamentales en casos de abusos sexuales.

María García -nombre ficticio- dijo a AI que cuando informó al funcionario
de la Procuraduría General de Justicia del estado de México de que quería
presentar una querella por violación, otro funcionario, que supervisaba la
toma de declaraciones, dijo que la cuestión de la violación no podía quedar
registrada y arrancó el papel de su máquina de escribir.

Mientras que Margarita Reyes -nombre ficticio-, refiere "cuando llegué a
la cárcel, el médico forense no quiso certificar que había sido violada. Me
pareció injusto que no me creyeran, que alguien pudiera creer que lo había
inventado".
06/GT/LR
FUENTE: CIMAC

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